Objetivos

En Colombia, la sociedad civil también se ha convertido en los últimos años en uno de los más importantes referentes, aunque —a diferencia de varios países[1]— la fuerza de su aparición no responde a la necesidad de sustentar la oposición a un régimen autoritario. Podríamos decir que la fuerza que ha adquirido en el país proviene simultáneamente de dos orígenes: uno, la reacción a la existencia de un Estado cargado de pesados lastres, y que es ineficiente a la hora de cumplir su función como defensor de lo público[2].

Dos, la sociedad civil se ha fortalecido por la aparición de un discurso a nivel global que da prioridad a la participación de la sociedad civil en el manejo de lo público y que la alienta a tomar en sus propias manos muchas de las decisiones que antes estaban reservadas para el Estado. Colombia se incorpora así en el modelo de desarrollo centrado-en-la gente, que se abre camino en todo el mundo, especialmente desde la Conferencia para el Desarrollo realizada en Copenhague en 1994. En este nuevo paradigma de desarrollo a las organizaciones de la sociedad civil se les otorga un papel esencial tanto en el trabajo por mejorar la calidad de vida de los pobladores, como en proyectos de crecimiento económico y consolidación de la democracia. Este modelo, en otras palabras, abandona el paradigma Estado-céntrico y convierte a la sociedad civil en el interlocutor por excelencia de las políticas gubernamentales, buscando así tanto una responsabilidad más profunda de las OSC con el desarrollo de sus comunidades, como la participación de éstas en la formulación de políticas públicas adecuadas para las necesidades de la sociedad. Además, se ha dado un ambiente interno favorable a esta tendencia gracias a las transformaciones introducidas por la Constitución de 1991, no sólo en la reglamentación misma, sino en el régimen político y el imaginario colectivo colombiano.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada para transformar la Constitución de 1886, fue una reacción a este panorama de poca legitimidad de los partidos y las instituciones, agravado por la presencia de múltiples fenómenos violentos. Varios aspectos le dan a la ANC su relevancia: por una parte, es la primera vez, desde 1957, que la sociedad civil desata un proceso de reforma política sustancial. La amplia participación de sectores usualmente marginados de la toma de decisiones —indígenas, negritudes, minorías políticas— hace que la Constitución de 1991 sea una carta fruto del consenso, lo cual es de gran importancia especialmente para la ruptura de ese sistema político cerrado existente tradicionalmente en el país.

Pero el peso de la Constituyente no sólo es simbólico: esta Carta abrió importantes espacios en temas claves para el fortalecimiento de la sociedad civil como son el reconocimiento de las minorías, la participación, la descentralización y los derechos humanos. El papel de la Corte Constitucional y de la tutela en la defensa de los derechos inalienables ha sido vital para la recuperación de la confianza en las instituciones y en la justicia. Igualmente, la creación de diferentes instancias para la participación directa de la sociedad civil ha abierto camino para recuperar la interacción con el Estado. Este proceso de «apertura» del sistema se ha enfrentado, sin embargo, a grandes obstáculos, como la falta de compromiso de la clase política, que no ha reglamentado oportunamente la Carta, y la crisis política desatada por el proceso 8.000, que ha hecho que nuevamente la mayoría de los colombianos piensen que el Estado es irremediablemente corrupto. Sin embargo, la ANC dio un empujón al proceso de incorporación de la sociedad civil al manejo de lo público que hoy es muy difícil de detener, y que cada día se consolida más.

Esta tendencia hacia la apertura de un diálogo más amplio entre Estado y sociedad civil viene a reforzar una idea que venía recorriendo camino, y es la necesidad de dejar atrás el enfrentamiento per se entre sociedad civil y Estado, y por el contrario, contribuir en la creación de una relación constructiva entre ambas partes. Se parte de la idea de que la democracia necesita tanto de un Estado fuerte como de una sociedad civil también poderosa, por lo que es indispensable generar espacios comunes, espacios de lo público.
Perspectivas de fortalecimiento de la sociedad civil

En medio de la importancia que ha adquirido el discurso sobre sociedad civil a nivel nacional e internacional, se destaca la falta de univocidad del mismo. El significado tanto del concepto de sociedad civil como de las razones y estrategias para su fortalecimiento, varía de acuerdo con las diversas agendas que allí se expresan. Diferentes concepciones sobre el papel del Estado, sobre los actores decisivos en la elaboración de las políticas públicas, sobre el carácter de la democracia y sobre el modelo de desarrollo, están en la base de esa diversidad de concepciones. En este aparte queremos mostrar algunos resultados iniciales sobre las perspectivas colombianas sobre el fortalecimiento de la sociedad civil, que hemos encontrado en el marco del proyecto de investigación sobre el papel de las ONG en su fortalecimiento[3].

En el análisis de las entrevistas sobre el significado del fortalecimiento de la sociedad civil, encontramos tres tendencias diferenciadas. La primera tendencia relaciona el fortalecimiento de la sociedad civil con la ampliación de la dimensión pública a lo no estatal, y con el fortalecimiento del espacio público como lugar de actuación y concertación de las diferentes expresiones de la sociedad civil entre sí y con el Estado. Una segunda, hace del Estado el referente central y relaciona el fortalecimiento con la mayor capacidad de interlocución, concertación y vínculo con el mismo. Por último, una tercera tendencia no introduce el concepto de lo público ni al Estado como referentes para el fortalecimiento, y entiende a éste como una necesidad válida en sí misma. Cada una de estas tendencias incluye variantes. Lo que esbozaremos a continuación son los elementos centrales de cada tendencia, sin entrar a detallar las variantes. En ese sentido, estamos esbozando perspectivas o tipos generales derivados de elementos agrupables, de acuerdo con nuestra interpretación, en cada una de esas tendencias; pero como son perspectivas, no necesariamente se expresan en su totalidad en alguna de las entrevistas en particular[4].

Queremos profundizar en la primera tendencia, por considerar que en ella se encuentra un mayor potencial para la orientación de las organizaciones de la sociedad civil y particularmente para las ONG, en tanto es un discurso que articula el concepto de sociedad civil con la compleja dinámica de cambios sociopolíticos de reforma democrática del Estado. De igual manera, nos parece que el horizonte conceptual que abre esta tendencia corresponde de mejor manera con la apertura política propuesta por la Constitución del 91 e interpreta de mejor forma uno de los ejes fundamentales de esta reforma constitucional, a saber, la democracia participativa.

Fortalecer la sociedad civil como proceso autoreferenciado

Esta primera tendencia entiende el fortalecimiento de la sociedad civil en una perspectiva sociocéntrica. El fortalecimiento de la sociedad civil no se piensa en referencia al Estado, ni tiene validez en relación con instancias distintas a la misma sociedad, bajo el supuesto de que la democracia se realiza al interior de la sociedad civil y que desde allí se orientan y ejecutan las propuestas alternativas de desarrollo. Dentro de esta tendencia se pretende básicamente fortalecer las organizaciones, especialmente las de base, las comunitarias u organizaciones populares, que se constituyen en los sujetos del cambio y en los ejes del desarrollo. Las relaciones con otras organizaciones e instituciones, incluso con el Estado, se entienden como apoyo para este sujeto central que es el actor popular organizado. El establecimiento de redes, de proyectos coordinados, así como el desarrollo de una cultura de consensos y acuerdos sociales para trabajar integradamente y apoyando la organización popular es parte de lo que se entiende por fortalecimiento.

Lo que más llama la atención en esta perspectiva, es que la equidad social se constituya en eje central de los planteamientos y se exprese con más fuerza que en las anteriores tendencias. El problema de la equidad en este discurso parecería identificado con la realización de proyectos sociales específicos y no con planteamientos redistributivos donde el Estado jugaría un papel central. De cierta manera, se plantea un fortalecimiento de la sociedad civil como alternativa al Estado, en el que la democracia y la justicia social se realizan en los mismos proyectos de la sociedad civil. En ese sentido, este planteamiento está más ligado a la antipolítica que a la política. El interés por incidir en la política pública no está presente.

Las organizaciones populares que se privilegian en esta tendencia, representan para los entrevistados expresiones de convivencia ciudadana, o posibilidades de realización de su propio desarrollo. Son las expresiones auténticas de las dinámicas populares. Promover su desarrollo autónomo está en el centro de la estrategia. Las ONG son entendidas como instituciones de apoyo a las organizaciones de base, como entidades promotoras de los sujetos de cambio. Se enfatiza la centralidad del sujeto popular y las relaciones con otros actores se entiende en función del fortalecimiento de este sujeto. El fortalecimiento de la sociedad civil es entonces el fortalecimiento de las organizaciones populares.
El eje socioeconómico es el que esta tendencia privilegia. Lo popular, como categoría que clasifica un sector social, es de cierta manera una reinterpretación de la realidad social desde una perspectiva de clases sociales. Pero en este caso, no se trataría de fortalecer ciertas organizaciones sociales para la acción política o para la toma del poder, sino para el desarrolló autónomo de proyectos sociales y para lograr a través de la autogestión la satisfacción de necesidades básicas.

Fortalecer la sociedad civil es fortalecer la relación con el Estado

Una segunda tendencia promueve el fortalecimiento de la sociedad civil en relación al Estado. A diferencia de la perspectiva anterior que enfatiza las relaciones entre organizaciones de la sociedad civil, aquí el acento se pone en la relación directa de la organización con el Estado. Dentro de esta propuesta, algunos tienen una perspectiva que podríamos denominar Estadocéntrica, o neocorporativista, en el sentido de que el actor principal y el representante de lo público es el Estado y por tanto, el papel de la sociedad civil es lograr influir sobre este, para orientar la política o para que sus intereses queden allí expresados.

En tanto se considera que la orientación y la interpretación del interés público es prerrogativa del gobierno[5], como representante elegido para ser el vocero de la comunidad, la participación de las OSC se vincula a proyectos gubernamentales específicos, ya sea en su diseño o en su ejecución, más que a la participación en los espacios públicos para la orientación general del desarrollo y es por eso mismo, una participación más fragmentada y sectorial.

Limitar los poderes del Estado para garantizar los derechos humanos y la protección ciudadana es otra expresión de esta tendencia. Otra variante, expresa la relación de coordinación e interlocución entre las organizaciones de la sociedad y el Estado. Esta última variante se da bajo el reconocimiento de la corresponsabilidad de las OSC en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y de la autoconciencia sobre el potencial de las mismas.

El fortalecimiento de los actores o el fortalecimiento institucional dentro de esta perspectiva, se hace en función de generar capacidad de interlocución especializada con el gobierno en espacios particulares, para lograr una mayor presencia en el debate y toma de decisiones de la políticas gubernamentales. También se propone mejorar la capacidad de las OSC y especialmente de las ONG, para obtener recursos gubernamentales para la ejecución de sus políticas, o mejorar la capacidad financiera y de sostenibilidad de las organizaciones, para incrementar las posibilidades de gestionar proyectos conjuntamente con el gobierno.

Fortalecer la sociedad civil es fortalecer la dimensión pública

Esta perspectiva relaciona el fortalecimiento de la sociedad civil con el fortalecimiento de lo público. Plantea el papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) vinculado a la dimensión pública, entendiendo la misma, tanto en el sentido de la defensa de los intereses públicos y de la gestión social orientada por definiciones públicas, así como de la interacción con otras expresiones de la sociedad civil y con el Estado en espacios de participación públicos. En esta perspectiva lo público no se identifica con lo estatal. La definición de lo público, del interés colectivo, y del bien común no es potestad de las instancias representativas y del gobierno, sino que la sociedad civil plural que se mueve en el espacio público no estatal, debe participar en esta definición, así como en la gestión y control del mismo.

La relación entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil se plantea en esta perspectiva como una interacción mediada por la multipolaridad del espacio público. No es una relación bipolar entre gobierno y organización, sino múltiple, de interdependencia entre diversas organizaciones. La concertación entre múltiples actores de la sociedad civil y el gobierno en espacios públicos y de forma pública (transparente, abierta), y con control público es parte esencial de esta perspectiva.

Lo público, se ubica entonces como un espacio de mediación entre la sociedad y el Estado, como escenario de la participación social para la consulta y concertación de las políticas públicas. En esa perspectiva, la participación en política adquiere un nuevo sentido. Lo social y lo político dejan de ser esferas separadas, y la política, no es ahora potestad de los políticos profesionales o de la rama ejecutiva. La política no es ya el escenario limitado para la acción de los representantes de la sociedad. La participación directa de la ciudadanía y de las diversas organizaciones de la sociedad civil en la deliberación de las políticas públicas se convierte en una actividad de gran importancia en esta perspectiva.

Esta tendencia vincula el proceso de reforma y modernización del Estado y de la política, con el del fortalecimiento de la sociedad civil. La reforma democrática del Estado se relaciona directamente con el fortalecimiento de la participación ciudadana en la decisión y gestión de los asuntos públicos. El fortalecimiento de la sociedad civil, es dentro de esta perspectiva un proceso paralelo y reforzador de la democratización del Estado.

En las entrevistas de quienes enfatizan lo público en su perspectiva del fortalecimiento de la sociedad civil, se hace mención importante a un concepto de buen gobierno y de gobernabilidad apoyado en la participación ciudadana, en la democracia participativa. El buen gobierno aquí no se limita a la eficiencia de los funcionarios públicos, sino que la posibilidad misma de que las propuestas de política pública se realicen, se relaciona con la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la definición y control de las mismas. La participación ciudadana y la ética pública, como opuesto a la prevalecencia del interés particular en los actos de gobierno, en el desarrollo de las políticas y en la asignación de recursos, deberían, de acuerdo con los promotores de esta perspectiva, estar a la base de las reformas en la manera de gobernar y de hacer política.

Es interesante resaltar que el fortalecimiento de la dimensión pública a la que se refieren los entrevistados se relaciona a la vez con la ampliación de lo público a lo no estatal, y con el fortalecimiento de la función pública del Estado, y la prevalencia del interés público en la acción gubernamental. Estos énfasis, no siempre son complementarios en una misma entrevista. Algunos entrevistados enfatizan en su diagnóstico aspectos relacionados con el uso y apropiación privada de los recursos públicos (corrupción, clientelismo), y la limitaciones del Estado de derecho en la historia colombiana, por lo cual vinculan la dimensión pública que proponen a la necesidad de democratizar el Estado y de orientar la acción gubernamental y la acción política al interés público, así como a la provisión gubernamental de bienes públicos. Otros entrevistados enfatizan en el diagnóstico el cerramiento del sistema político y las limitaciones en el acceso a las decisiones públicas por parte de la ciudadanía, así como la baja capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y la carencia de transparencia en la acción del sector público, lo que les lleva a enfatizar en la necesidad de participación ciudadana en los asuntos colectivos, en la socialización del Estado.

En términos generales, los entrevistados que ubicamos en esta perspectiva consideran importante pero no suficiente, fortalecer los actores y las organizaciones de la sociedad civil, o mejorar su capacidad de ejecución de los proyectos derivados de las políticas públicas. Lo que enfatizan, más que el fortalecimiento de cada actor en sí mismo, es la ampliación en el abanico de relaciones entre los mismos y la generación de capacidad para expresarse y concertar, en los espacios públicos, con los diversos actores, entre ellos el Estado. La generación de una ética pública y la orientación del cambio social en una perspectiva en que prevalezca el interés colectivo sobre el particular, es también de gran importancia en esta tendencia. La planeación participativa del desarrollo, la generación de información pública sobre políticas, programas y proyectos públicos y de capacidad para participar en las mismas por parte de las OSC, la transparencia en la toma decisiones, así como las veedurías ciudadanas sobre las políticas públicas son elementos centrales de la estrategia propuesta por los promotores de esta perspectiva.

En general, tampoco se privilegia alguno de los actores particulares de la sociedad civil dentro de las estrategias de fortalecimiento, dada la importancia de generar capacidad al conjunto diverso de organizaciones civiles y a la misma ciudadanía para que participen en los espacios públicos. Sobre las ONG, se resalta su función de defensa de los intereses colectivos, y el importante papel que pueden jugar en este proceso de fortalecimiento, en tanto no están ligadas a intereses sectoriales particulares o territoriales, como otras organizaciones de la sociedad civil.

La importancia de lo público en el fortalecimiento de la sociedad civil

En este aparte se intenta hacer una clasificación de las diferentes interpretaciones y motivaciones para el fortalecimiento de lo público, retomando los principales temas sobre este campo surgidos en las entrevistas de aquellas personas que enfatizan la dimensión pública, y de la revisión bibliográfica sobre el tema[6]. Se resaltarán las variaciones que se presentan dentro de esta tendencia.

La importancia que ha adquirido lo público en el fortalecimiento de la sociedad civil responde a diferentes preocupaciones que nosotros hemos agrupado en tres instancias: primero, la idea de lo público como un mecanismo para profundizar la democracia; segundo, la necesidad de construir un espacio público como espacio para la integración social; y tercero, lo público como un momento ético y de redefinición de la política.

Lo público como profundización de la democracia

Se parte de la idea de que

"la democracia no es solamente una forma o un sistema de gobierno, sino -1 producto de una relación entre un sistema de gobierno y un tipo de sociedad; relación cambiante, proceso que responde entre otros a una concepción del hombre social que evoluciona y se modifica ella también"[7],

por lo que lo público es el punto de encuentro entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y en menor grado, aunque también presente, la sociedad política y el mercado.

Si bien el Estado en América Latina se había erigido como el único actor históricamente legítimo para llevar a cabo las transformaciones políticas y económicas que requerían las tendencias desarrollistas, las exigencias que emergen hoy, tanto en el campo económico como en el político, ponen en duda no sólo esta legitimidad sino la misma capacidad del Estado para darles respuesta. Ante el derrumbe del ideario estadocéntrico y la expansión del modelo de desarrollo centrado en la gente, la reconstrucción de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil se plantean ya no desde las iniciativas del Estado, sino en un nuevo espacio: el público.

La apelación a lo público no se restringe a que los actores sociales, usualmente ausentes en los procesos de toma de decisiones, sean tenidos en cuenta y consultados. Lo que se busca es la reconfiguración de la participación, trascendiendo la mera aprobación o desaprobación de las iniciativas políticas provenientes del gobierno o la sociedad política (como ocurre en el caso del referendo, el plebiscito etc.) y creando, en cambio, una relación en la que se diseñe entre todos la orientación de las políticas estatales. En Colombia, este tipo de reconstrucción de la participación de las OSC se ve claramente, entre otras instancias, en los Consejos Territoriales de Planeación, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Juntas Educativas municipales, departamentales y nacionales, el Plan Decenal de Educación, y el desarrollo de planes estratégicos para las ciudades, como es el caso de Bogotá 2000.

Así concebido, las responsabilidades sobre lo público dejan de ser exclusivamente estatales, desplazándose hacia un espacio común en el cual también la sociedad civil asume una influencia directa. Lo esencial aquí es la tendencia que se ha generado dentro de la sociedad civil para fomentar la participación política directa por fuera de los partidos políticos. Así, la responsabilidad social se convierte en sinónimo de las responsabilidades públicas, sin quedar intermediadas por los mecanismos tradicionales. Este tipo particular de interrelación entre los actores de una democracia es lo que hace que lo público pueda interpretarse como la vigencia plena del Estado Social de Derecho, el predominio de la legalidad y del orden jurídico, entendido como reglas de juego construidas de manera colectiva.

Lo público y la integración social

Dentro de esta perspectiva, lo público sigue siendo lo común, pero dirigido a fundamentar identidades y sentimientos de pertenencia, y por esta vía, un sistema de valores que sostengan el tejido social y que posibiliten la reconstrucción de un orden determinado. Esto responde a la existencia de un fenómeno recurrente en las sociedades de fin de siglo: la desaparición de los lazos de cohesión social. Lo que caracteriza a la sociedad civil, y que es a la vez una increíble paradoja es que, mientras ésta crece gracias a la multiplicidad de organizaciones de interés que aparecen (mujeres, ecologistas, jóvenes, etc.), el predominio de esta misma diversidad ha hecho que se dificulte la idea de un bien común, y que cada vez las relaciones sociales estén más fragmentadas. La ausencia de un Estado consolidado que se constituya en un marco integrador de estas diferencias hace más grave la cuestión. Este fenómeno aparece en sociedades como la nuestra con un carácter desintegrador que, ahondado por los actos de violencia que son recurrentes en Colombia, ha contribuido a la polarización de la población. Por esto, en este contexto, un llamado a rescatar lo público es a la vez un llamado para convocar nuevas formas de integración social, tolerantes y abiertas que admitan en su interior la convivencia pacífica de la multiplicidad de voces que hoy componen el escenario de la sociedad civil. Se reclama lo público como sentimiento ciudadano o identidad comunitaria para que esté presente en la definición de políticas, en la toma de decisiones y en la reforma del Estado.

Esta interpretación de lo público cobra relevancia para el caso de Colombia por dos razones: primero, la debilidad de las identidades colectivas y segundo por la creciente tendencia a liberalizar la economía a través de la preponderancia del mercado. La cuestión de construir el ámbito público entendido como un espacio de identidades y certezas comunes es una expresión de la lucha de la sociedad civil por repolitizar las relaciones sociales, des-mercantilizarlas y sustentar con ello el proyecto Estado-nación. Es indiscutible el papel que ha tenido en este proceso de desintegración de redes el avance de la sociedad de mercado, especialmente en sociedades como las latinoamericanas que parten de realidades socioeconómicas muy complejas, en las que la inequidad y la falta de una cultura solidaria hacen que la lógica de mercado no responda a las necesidades de la mayoría de la población.

...Las reformas económicas en curso no sólo restringen el campo de acción del Estado sino que a la vez fomentan un vasto movimiento de privatización de las conductas sociales. A la par con el ámbito público también cambia la esfera privada y esta transformación de lo privado, a su vez, altera la reconstitución de lo público... En el nuevo contexto de la sociedad de mercado el fortalecimiento de la sociedad civil obliga a replantear la integración del orden social[8].

Por eso, algunas personas que tienden a priorizar lo público como una manera de fortalecer la sociedad civil buscan, con ello, llenar de contenido unas relaciones sociales que permitan reconstituir una integración social, no buscando reproducir formas caducas, sino adaptándose a nuevas realidades.

El movimiento de la sociedad civil es en sí mismo una nueva forma de utopía: los principios normativos sobre los que se basa —-pluralidad, publicidad, legalidad, igualdad, justicia, asociación voluntaria y autonomía individual—, constituyen una utopía autolimitante que clama por una pluralidad democrática, un complejo conjunto de derechos sociales, civiles y políticos en una sociedad altamente diferenciada[9].

Esta nueva utopía es a la vez, un reto para las organizaciones de la sociedad civil, pues su realización depende del trabajo conjunto y coordinado de estas instancias, y de su capacidad de relacionarse positivamente con el Estado, para así reconciliar los intereses particulares con los comunes. Este reto, si se examina dentro del diagnóstico de fragmentación y dispersión de intereses al que ya nos habíamos referido, adquiere una mayor responsabilidad a la hora de construir lo público.

Lo público como lo ético y la redefinición de la política

La política, al menos aquella que es ejercida desde las trincheras de la legalidad del modelo democrático representativo y ejecutada por la clase política, ha entrado en crisis. Se ha caído en el abismo del desencanto por cuenta de unas clases políticas corruptas e ineficientes que han convertido los partidos en vías de acceso al poder, no para defender los intereses globales sino para perseguir el lucro propio, transformando su original papel de intermediación entre el Estado y las agrupaciones de la sociedad civil en una mera instrumentalización de intercambios —a cambio de votos, favores que satisfagan los intereses privados de la clientela—. Con todo, estos fenómenos no se han limitado a socavar el papel de la clase política ante la sociedad, sino que sus consecuencias han llegado hasta el Estado. La burocratización, las malas prácticas y el aislamiento del Estado y la sociedad civil, han hecho que éste sea considerado un actor tan corrupto e ineficiente como la misma clase política que sobre él tiene efecto. Es así como el Estado y la política dejaron de defender los intereses colectivos y se concentraron en el propio éxito de aquellos que los representaban, desembocando en una privatización de los espacios idealmente públicos (el Estado y la arena política) y excluyendo a las otras voces de la sociedad. De aquí se desprende uno de los conceptos que hoy está más relacionado con el tema de lo público, y que es señalado por Nora Rabotnikof:

La publicidad, entendida como visibilidad, cognoscibilidad, accesibilidad y controlabilidad de los actos de quien detenta el poder supremo es precisamente la extensión de la metáfora de las luces que consagra el contraste entre poder visible e invisible, y establece definitivamente este sentido de lo público[10].

Lo público es, entonces, una manera de rediseñar desde la ética el manejo de lo común que ha sido corrompido por la práctica política; busca devolverle el aura de transparencia que permita renovar la fe en las prácticas colectivas. Y esto tiene una influencia directa en uno de los presupuestos que han servido de guía en nuestro equipo investigativo: entre más se fortalezca este espacio público, más fuertes serán tanto la sociedad civil como el Estado, lo cual tendrá —a la vez— una clara incidencia en la consolidación de la democracia. Creemos que es indispensable que tanto la sociedad civil como el Estado recurran al espacio público para la elaboración de las estrategias políticas, la planeación y la ejecución de las políticas públicas. Pero también que el espacio público pueda ser apropiado para otras funciones no administrativas, como es la reelaboración de una cultura de convivencia tolerante y pacífica.